Nueva capitulación de Ibarra

El miércoles 17, el gobierno de Ibarra promulgó una resolución por la cual autoriza, por 30 días, a que el personal de Metrovías trabaje 8 horas, cobrando como extras las dos que exceden a la jornada de 6 horas, que corresponde legalmente por trabajo insalubre, y que los trabajadores acaban de conquistar. En esos 30 días se debería adecuar el servicio a la nueva jornada de 6 horas.

El gobierno de Ibarra vuelve a actuar como agente de la patronal concesionaria, Roggio-Metrovías, porque la empresa en ningún momento acató la resolución 1105 de la Ciudad, que redujo la jornada. Es más, impugnó la medida ante el Consejo Federal del Trabajo y desconoció los dictámenes de dos jueces laborales y del subsecretario de Regulación y Fiscalización de la Ciudad, todos los cuales sostuvieron que la jornada de 6 horas está vigente.

Desde que salió aquella resolución, el viernes 12, los trabajadores adoptaron el nuevo horario de 6 horas. Como la empresa no tomó las medidas necesarias para organizar los nuevos horarios y la puesta en marcha de un nuevo turno, los servicios empezaron a atrasarse.

La nueva resolución del gobierno ibarrista no es una medida "sensata", consensuada entre las partes, para mejor ordenar el trabajo en los nuevos horarios, sino una nueva imposición del pulpo a Ibarra.

Ibarra ya había jugado un papel miserable en esta historia, cuando vetó, el año pasado, la ley de reducción de la jornada en los subtes, que había sido el remate de 10 años de lucha de los trabajadores (ver PO N° 817). A este "progresista" no le tembló la mano a la hora de presionar, e incluso sobornar, a un grupo de legisladores para cumplir con el mandato de los Roggio. Ahora, Kirchner e Ibarra tampoco reconocen la insalubridad estructural del trabajo subterráneo sino que esgrimen mediciones ambientales que la empresa podría disputar luego de introducir algunos cambios. La resolución de los trabajadores y su cuerpo de delegados de ir a la huelga general, en las vísperas de las elecciones del 24/9, obligó a Ibarra a buscar una solución de compromiso.

Los trabajadores han aceptado la nueva resolución y volvieron a trabajar 8 horas, bajo la condición de que se paguen dos extras y de que al cumplirse el día 30, todo el mundo se retira al terminar las 6 horas. Mucho antes, la patronal deberá dar señales claras de que se reestructuran los turnos, especialmente tomando 400 nuevos trabajadores. Una señal en este sentido se obtendrá cuando el lunes 22 la empresa deba fijar posición ante el juez interviniente que la ha citado, juntamente con la directiva de la Uta y el cuerpo de delegados.

S.V.

Diez años de lucha

En 1994, los trabajadores del subte fueron derrotados por la política de Menem. De acuerdo al convenio del año 1975, el subte comprendía a 4.070 trabajadores y la jornada era de 6 horas. Este plantel fue reducido drásticamente entre 1991 y 2003, a través de retiros "voluntarios" y despidos, y tuvo su broche final con la concesión a Metrovías.

El 31 de diciembre de 1993, quedaban 2.000 trabajadores, pero aún se trabajaban seis horas. Al día siguiente, se aplicó la jornada de ocho horas y comenzó la liquidación de 400 puestos de trabajo.

A fines de 1994 teníamos un convenio totalmente flexibilizado firmado por la Uta, con 1.600 trabajadores. Quienes comenzamos a trabajar en 1994 nos encontramos con un cuadro de desmoralización y odio a la burocracia sindical, y asumimos la tarea de comenzar la reorganización de los trabajadores. Asumimos como propia la historia de luchas del subte, y se produjo una mezcla de experiencias de los que veníamos despedidos de otros gremios, los jóvenes que recién comenzaban su experiencia laboral y los compañeros que quedaban del subte.

A finales del año 1994 se produjo la primera movilización frente a la empresa: 150 compañeros reclamaron la reincorporación de dos compañeros despedidos. No lo logramos, pero fue el inicio de una recomposición de nuestras fuerzas.

Surgieron las agrupaciones, y la nuestra (Trabajadores de Metrovías) tuvo su nacimiento a mediados de 1995. Funcionábamos en condiciones de total clandestinidad, debido a las condiciones represivas en las que teníamos que trabajar. Tuvimos que apretar los dientes mientras vimos despedir a cientos de compañeros ante la pasividad cómplice de la Uta y de la mayoría de los delegados. Pasaron las tercerizaciones, que profundizaban más la flexibilización laboral y la división de los trabajadores. Nuestra agrupación tuvo desde el vamos, como primer punto de su programa, la recuperación de la jornada de seis horas por insalubridad. Se luchó en todos los campos, levantando la moral de los compañeros; presentamos li stas para meter delegados de los trabajadores, luchamos contra el aparato burocrático más poderoso del país, contra la arbitrariedad impune de las jefaturas y contra la complicidad del Estado con uno de los grupos económicos más poderosos (Roggio). Enfrentamos causas penales, por cortes de vías, y algunos delegados fuimos presos por enfrentar las injusticias. Siempre tratamos de demostrar el carácter político de la lucha en nuestras publicaciones. Con el tiempo, fuimos forjando los cimientos de una nueva vanguardia que obtuvo el reconocimiento y respeto de los compañeros.

Dos batallas de importancia estratégica

En el año 1999 una parte minoritaria del cuerpo de delegados y todo el activismo de las agrupaciones tuvimos una prueba decisiva: un compañero - Méndez - choca con otra formación y la empresa lo despide. Fuimos al paro, frente a un complot pérfido entre la empresa, el sindicato, el Estado y una parte del cuerpo de delegados. Trescientos compañeros recibieron telegrama de despedido: y fue la carta de negociación para que Méndez quedara afuera. Podríamos haber ganado, pero un sector de delegados y la Uta pusieron urnas para que los compañeros decidieran entre los 300 despedidos y el compañero. El repudio a esta extorsión fue el terreno para que en la siguiente elección de delegados una parte de los que "tiraron para atrás" fueran barridos.

La segunda lucha estratégica contra los planes de la empresa fue contra la eliminación del puesto del guarda. En febrero de 2001, la empresa anuncia la reubicación de todos los guardas de la línea "B" dejando de este modo al conductor a cargo total de la formación, nuevamente con la complicidad de la Uta. La respuesta fue un feroz paro de los trabajadores que tuvo que ser detenido por Patricia Bullrich, al aplicar una conciliación obligatoria de 6 meses - la más larga de la historia argentina - . Impedir la eliminación del guarda - y los 220 despidos con los que pretendieron castigar nuestra lucha - fue un triunfo en toda la línea, que preparó el terreno para el tramo final de la lucha por las seis horas.

Luego de ese episodio, en las elecciones de delegados el activismo barrió a los de la burocracia y a sus cómplices de "izquierda" en todas las líneas. En ese momento, el Partido Obrero acababa de conquistar una banca en la Legislatura porteña, desde donde impulsó una resolución de repudio a los 220 despidos y a la eliminación del guarda. Así, Jorge Altamira, junto a los delegados del Partido Obrero en Metrovías, se convertía en un referente público de los intereses de los trabajadores del subte.

De este modo comenzamos a demostrar a los trabajadores para qué sirve un puesto de legislador en el parlamento burgués.

La movilización por las 6 horas

Después de 1997 se instaló un debate entre los trabajadores. La burocracia y sus amigos de "izquierda" planteaban que no había condiciones para luchar por las 6 horas y que había que reclamar las 7 horas que ya estaban mencionadas en el convenio colectivo. Nuestra agrupación defendió la restitución incondicional de las seis horas. Fuimos acumulando datos históricos de diferentes fuentes, iniciamos investigaciones científicas, vimos a todos los profesionales relacionados con la insalubridad y de este modo, sólidamente armados de argumentos, lanzamos una campaña votada por el cuerpo de delegados después de la lucha por el guarda y elaboramos, junto a nuestra bancada obrera, el proyecto de ley por la reducción de la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario.

La Uta, desde el inicio, jugó un papel carnero. Llegó a patotear una asamblea general llamada por los delegados para tratar el plan de lucha por las 6 horas y la recomposición salarial. Este fue el principio de rupturas más profundas entre la burocracia y los trabajadores.

En primer lugar se juntaron 50.000 firmas destinadas a poner en movimiento a los compañeros. Los primeros triunfos se dieron en el contexto político de la rebelión popular de diciembre de 2001. La primera incursión de los delegados y trabajadores en la Legislatura le arrancó a la Comisión de Legislación general y del Trabajo (que Altamira integra), una recorrida de los legisladores por los subterráneos. A partir de aquí los trabajadores y delegados de subte iniciaron una experiencia directa diferenciando el rol del Estado capitalista, los partidos del régimen y el partido revolucionario. Dieciocho marchas a la Legislatura, conferencias de prensa y luego la toma de la Legislatura por los trabajadores para que la ley fuera tratada en el recinto, y dos paros resueltos en asambleas realizadas en la misma Legislatura frente a los medios, permitieron obtener una nueva victoria el día 22 de agosto de 2002, con la sanción de la Ley 871 del Partido Obrero.

La Banelco

Ibarra veta la ley e impide el libre acceso de los trabajadores a la Legislatura a la sesión que debía tratar el posible rechazo al veto. Ese día, la movilización de los trabajadores se encuentra con la infantería. Una salvaje represión a los trabajadores deja a dos heridos de gravedad: el compañero Blanco, de la línea "E", y un compañero del Polo Obrero que nos apoyaba. Los delegados lanzan el paro de repudio en una asamblea improvisada frente a la Legislatura. A los dos días, se realiza una movilización de repudio a las oficinas centrales del Grupo Roggio acompañada por organizaciones barriales y de piqueteros. El Polo Obrero suma 3.000 compañeros.

Después del veto de Ibarra, la empresa trata de tomar la iniciativa. Amenaza a las compañeras con despedirlas, larga un plan de retiros voluntarios y baja las primeras expendedoras de boletos. Los trabajadores, junto al cuerpo de delegados, retoman la movilización sobre el gobierno de Ibarra exigiendo que avancen nuevos estudios sobre insalubridad. Las audiometrías realizadas a los trabajadores confirmaron lo que los trabajadores ya sabíamos: que el subte es insalubre.

La Uta firma a nuestras espaldas

En un plenario realizado en la Uta, el cuerpo de delegados rechaza de plano la pretensión de la empresa de incorporar categorías nuevas al convenio, que preparan el terreno para la liquidación del boletero. Días después la empresa publica en un comunicado interno el acuerdo firmado con Uta para nuevas categorías y la nueva escala salarial, en la cual no habían participado nuestros paritarios. Entonces, lanzamos el paro en repudio a ese acta trucha, que colocó a la orden del día la lucha por la jornada de 6 horas y la recomposición salarial.

El paro comenzó a las 14 horas, y los trabajadores tenían decidido que no se levantaba hasta que los delegados de base fueran recibidos por el Ministerio de Trabajo.

La cuenta regresiva

Luego de reuniones del cuerpo de delegados con las más altas autoridades del Ministerio, donde se pedía la anulación del acta convenio homologada por éste, la incorporación al básico de los 200 pesos dispuestos por Kirchner y la incorporación de la jornada de seis horas como primer punto de una paritaria libre, al no tener ninguna respuesta favorable el cuerpo de delegados fija la fecha de un paro. El día anterior al paro, nos citan de la Casa Rosada. El propio Kirchner nos asegura que la decisión del Ejecutivo era revisar el acta, y hablar con Ibarra para que salga la insalubridad.

Al día siguiente no nos recibió Tomada - como había pactado en la Rosada - , y pretendieron dilatar la cuestión. La respuesta de los delegados fue anunciar la huelga para el lunes. Al día viernes estaba firmada la resolución de insalubridad.

La resolución le da 30 días a la empresa para su aplicación: ahora, vamos a asegurar su cumplimiento.

Somos conscientes de que estamos frente a un triunfo histórico que abre la perspectiva de la recuperación de las conquistas perdidas por el movimiento obrero en las tres últimas décadas. En el camino han quedado miles de discusiones, miles de volantes con nuestra posición. La conclusión es una lección para los desmoralizados: con programa, organización y lucha, el triunfo es de la clase obrera y de los partidos revolucionarios.

Charly Pérez

La banca del Partido Obrero y la lucha por las seis horas

En octubre de 2001, Jorge Altamira presentó en la Legislatura el proyecto de ley para restituir la jornada de seis horas diarias y treinta seis horas semanales para todos los trabajadores del subte. El proyecto establecía la prohibición de las horas extras, y que la reducción dispuesta en la jornada laboral no afectaría el salario. También se disponía la creación de una Comisión Obrera de Seguridad, Higiene y Salubridad, es decir el control obrero sobre las condiciones de trabajo. Finalmente, prohibía cualquier alteración de las tripulaciones mínimas, así como toda forma de flexibilidad laboral que pretendiera compensar, con una mayor intensidad de la jornada laboral, la reducción horaria dispuesta.
El proyecto de Altamira, discutido con el cuerpo de delegados de Metrovías, planteaba la restitución de una conquista que sus trabajadores habían logrado en 1946, y que les fue sustraída durante las dictaduras militares de Onganía y Videla. Luego, la privatización menemista del subte volvió a despojar a los trabajadores de su jornada reducida, a partir de la coacción impuesta por los despidos masivos y la pasividad de la burocracia de la Uta.

"Quítenselo de la cabeza"
Luego de varios meses de deliberado "cajoneo" en la Comisión de Legislación General, entonces presidida por el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los trabajadores del subte votaron un plan de acción dirigido a exigir el tratamiento del proyecto de Altamira. La primera reunión de asesores de la Comisión para tratar el proyecto fue inolvidable: sólo concurrimos dos asesores, la directora de la Comisión y dos funcionarios del área de "Protección del Trabajo" del Gobierno de la Ciudad. "Quítenselo de la cabeza: no existe la menor posibilidad de aprobar esta ley": así inició la reunión el funcionario del Ejecutivo porteño. Luego, desplegó una gigantesca planilla que daba cuenta del "riguroso cumplimiento" de la patronal de Metrovías a todas las "observaciones" formuladas por su área. Estos son los mismos funcionarios que, un año y medio después, acaban de reconocer que "el 83% de los trabajadores del subte tienen problemas auditivos".
En ese lapso, se desplegó una batalla en todos los órdenes. Entre mayo y agosto de 2002 fuimos derribando todos los bloqueos y chicanas que pretendieron esgrimirse para frenar el proyecto de las seis horas. El Gobierno sostenía que "una ley no podía declarar insalubre a una actividad". Pero se negaba sistemáticamente a avanzar en los estudios de insalubridad. Los legisladores patronales sostenían también que "una legislatura provincial no puede legislar sobre cuestiones laborales", es decir que la autonomía porteña, tan cacareada por ellos, podía servir para la transferencia - sin fondos - de la educación o de la salud, pero no para asegurar conquistas a quienes trabajan o viven en la ciudad. En reuniones legislativas donde participaban decenas de trabajadores, Altamira liquidó, uno por uno, los planteos de los representantes de la burguesía. El 22 de agosto, en medio de una movilización general de los trabajadores de Metrovías, la Legislatura votó por abrumadora mayoría la ley de las seis horas. "Hoy es una jornada histórica", señaló Altamira en su intervención. "Porque estamos produciendo un viraje en la tendencia política a destruir los derechos de los trabajadores, restablecemos una conquista y ponemos un freno a la voracidad patronal (...). Esta es una de las primeras manifestaciones positivas de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre pasado".

El veto, el paro
Para vetar la ley de las seis horas, Ibarra no inventó nada nuevo: recurrió al arsenal de todas las objeciones que el PO había rebatido durante la lucha legislativa previa. Pero el origen del veto no fueron los "argumentos", sino la brutal presión del Grupo Roggio. El lobby patronal, por un lado, y la continuidad de la lucha obrera, por el otro, terminaron desatando la mayor crisis política que enfrentó el gobierno de Ibarra. El día 10 de septiembre de 2002, una sesión convocada para debatir la "insistencia" de la ley (rechazo del veto) fue boicoteada tanto por la Ucr como por los frepasistas. Por primera vez en mucho tiempo, funcionó en el oficialismo la disciplina de bloque. "La Alianza - señaló Altamira en la sesión - había sido quebra da por el pueblo los días 19 y 20 de diciembre pasados. Aquí, en la Legislatura, ya no existía más. Pero anoche, en las dependencias de la Jefatura de Gobierno, el señor Ibarra la reconstruyó por un día. Han desenterrado el cadáver putrefacto de la Alianza, y lo hacen vivir un día, nada más que para atacar y derrotar las reivindicaciones del movimiento obrero". La noche anterior, el "Coti" Nosiglia, histórico lobbista de los monopolios contratistas dentro del radicalismo, había intervenido para disciplinar al bloque radical y asegurar el voto de sus diputados a favor del veto ibarrista.
La sesión que ratificó el veto fue una radiografía de la bancarrota del progresismo porteño: dentro de la Legislatura, su vicepresidente, Caram, emitió una "resolución" declarando "restringido" el acceso del público a las sesiones. Es decir que para hacer pasar el veto, tuvieron que delatar a la cámara de "representantes del pueblo" como lo que es, es decir, un antro de conspiración contra los derechos de los trabajadores. Pero puertas afuera de la Legislatura, estallaba una movilización imponente contra el veto, que el gobierno reprimió brutalmente. Luego, el paro que en esa tarde paralizó el subte constituyó mucho más que un simple repudio: anunció que los trabajadores de Metrovías continuarían batallando por las seis horas.
Esta lucha fue una inmensa escuela política para quienes participaron en ella. Desnudó la dependencia feroz de todas las fracciones políticas de la burguesía - de derecha a izquierda - con la política de liquidación de las conquistas obreras. Y mostró, también, la importancia de una acción obrera integral, desde la tribuna parlamentaria hasta la acción directa. Una unidad de programa y organización que fue enhebrada por el Partido Obrero.

M.R.

Victoria y alerta en el subte

Los trabajadores de Metrovías han resuelto tomar en sus manos la puesta en marcha de la conquista recobrada: la jornada de seis horas para los guardas, choferes y personal de los túneles y mantenimiento. Publicada el viernes 12 en el boletín oficial de la Ciudad, la resolución que declara insalubre esas tareas ya se encuentra vigente, excepto para los choferes. Para estos compañeros, la empresa cuenta con un plazo de treinta días para readecuar los planteles, debiendo pagarles horas extras durante ese lapso.
Pero la patronal no ha dado la menor señal de acatamiento a la nueva situación laboral. Peor aún: a través de los medios de comunicación, anunció que apelaría la resolución de insalubridad.
En este cuadro, el cuerpo de delegados del subte resolvió poner en marcha las disposiciones de la resolución. Así, el sábado los compañeros de talleres iniciaron la aplicación de la jornada de seis horas. El lunes, desde temprano, se sumaron los guardas y personal de túneles. Sólo continuarán con la jornada de ocho horas los choferes, hasta que se cumpla el plazo estipulado de treinta días.
Está claro que la patronal prepara un contraataque: por la vía de apelar la resolución en la Justicia, o presentando alguna "mejora" superficial en las condiciones laborales, que le permita luego reclamar la suspensión de la insalubridad. Por eso, entre los trabajadores del subte existe un clima de victoria y alerta: el cuerpo de delegados se prepara para hacer valer, con la acción directa, la conquista que acaba de arrancarle al Estado.

M.R.