La mayoría del cuerpo de delegados de Metrovías se aprestaba, el miércoles, a aprobar la última propuesta, que sin embargo ha sido presentada por el Ministerio de Trabajo y no por la empresa. La diferencia con la propuesta anterior, que había sido rechazada por una mayoría de asambleas de sector por turno, es apenas cosmética.
No hay un aumento salarial. Lo ofrecido con anterioridad con el carácter de “única vez”, se amplía en 50 pesos (350 para los boleteros, 400 para los guardas y trabajadores de taller, 450 para los maquinistas), que se pagan en una sola cuota. Lo demás sigue tal cual: los 100 pesos remunerativos quedan absorbidos por el aumento del gobierno y hay 2,5 a 5 pesos en el escalafón de antigüedad y el plus por nocturnidad –que involucra a una minoría de trabajadores. En oposición a la aceptación de esta propuesta, un bloque de delegados ha reclamado la convocatoria a asamblea general.
El conflicto se cierra en los términos señalados, una semana después de que el cuerpo de delegados levantara los paros ante la sola presentación de una propuesta y de la insatisfacción manifestada en las asambleas de base respecto a la aceptación en principio de esa propuesta. En las horas y días posteriores, un fuerte movimiento de asambleas de línea planteó la necesidad de respaldar el rechazo con la continuación del plan de lucha. La oferta patronal motorizada por el gobierno está a años luz del reclamo de los trabajadores de Metrovías –53% de aumento al básico, devolución del plus por nocturnidad y 2% por año de antigüedad. Aunque el acuerdo establece la convocatoria a una paritaria por el salario para el 18 de enero, es claro que la patronal y el gobierno han conseguido quitarle a los trabajadores el medio de presión sindical que significa una lucha en las vísperas de las fiestas y llevar el conflicto para el período de vacaciones de verano.
Ante la posición cuestionadora de las asambleas, una mayoría del cuerpo de delegados se dio la política de retener la negociación en sus manos al margen de todo control de los trabajadores. Fue una operación de desgaste que se sumó a todo el operativo previo del gobierno, que había prorrogado dos veces la conciliación obligatoria.
Es claro que el giro hacia la posición oficial de un sector muy definido del cuerpo de delegados ha variado las condiciones de lucha, porque hasta este desenlace la fuerza de los trabajadores había sido la unidad y combatividad de su dirección. Para superar esta situación es necesaria una asamblea general.
En la mañana del jueves 8, un volante de los trabajadores de Metrovías del Polo Obrero y por el PO de Capital saludaba “las asambleas obreras que sabiamente han rechazado la oferta patronal apañada por Tomada” y planteaba que “está a la orden del día una Asamblea General de todos los compañeros de Metrovías, para organizar la continuidad de la lucha, reafirmar el pliego y llamar a la población para el envión final de esta gran lucha”.
Cuarenta y ocho horas después, esta perspectiva era avalada por la autoridad de las asambleas del taller Rancagua y la línea D. Había delegados y activistas de las líneas A y B que acordaban también con ese rumbo y más de cincuenta compañeros participaron de una convocatoria que, el lunes 13, rechazó los términos del acuerdo y exigió la asamblea general. Fruto de esta presión por abajo, el Ministerio convocó a una “nueva audiencia”, pero la mayoría del cuerpo de delegados bloqueó la convocatoria a una asamblea general.
Es incuestionable que se ha llegado a esta situación como consecuencia de una ‘activa’ acción de los ‘punteros’ oficiales sobre el cuerpo de delegados, que seguramente ha sido acompañada de amenazas veladas y no tan veladas. Hace un año que los agentes de Bonasso y otros de la CTA vienen ‘operando’ sobre los luchadores de subterráneos. Abelli, del Movimiento de fábricas recuperadas, que no es trabajador de Metrovías, ingresó en una reunión de la comisión del cuerpo de delegados que se encontraba en el Ministerio de Trabajo, en su calidad de “línea roja” de comunicación con ese ministerio, pero además tuvo toda la ‘licencia’ para recorrer las líneas del subte para testear el estado de ánimo de los trabajadores frente a la ‘oferta’ oficial y para que de ningún modo continuara el plan de lucha. No se ha hecho más que aplicar al subte los métodos ya usados contra el movimiento piquetero, que dieron por resultado la cooptación de los D’Elía y Ceballos, entre otros.
Está planteada la defensa del pliego de reclamos, que incuestionablemente Tomada y Roggio quieren liquidar. El camino democrático y participativo para esa defensa es la ASAMBLEA GENERAL. Los únicos beneficiarios de un retroceso de la lucha del subte como consecuencia de la intriga kirchnerista serán los burócratas de la UTA, que están esperando agazapados.
