La presidenta Cristina Kirchner criticó duramente, por cadena nacional, a los trabajadores del subte, quienes vienen reclamando -hace meses- que la tarea de carga de las tarjetas Sube y Monedero se modifique, a efectos de evitar las lesiones comprobadas que están provocando en los trabajadores de estaciones. La Presidenta los acusó de corporativos, egoístas, insolidarios y falsos revolucionarios.
Semejante diatriba, lanzada desde tan alto nivel, contra una reivindicación justa, no pudo responder a falta de información de la Presidenta. La Secretaría de Transporte -cuyo titular, Juan Pablo Schiavi, atacó a los trabajadores en términos similares- y el Ministerio de Trabajo venían de firmar un acta donde se reconoce el reclamo y se comprometen a resolverlo a la brevedad. Además, se sabe que el trabajo en el subte es altamente insalubre. Calificado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como ámbito de alta siniestralidad, no hace un año el compañero Alfonso, de talleres Constitución, murió electrocutado; las enfermedades laborales -la tendinitis es una de ellas, común también en los conductores - son moneda corriente. Y si la situación no es más grave, se debe a que los trabajadores organizados del subte han puesto un límite a las situaciones más extremas, defendiendo no sólo la salud del trabajador, sino la seguridad del pasajero. No se trata, entonces, de tomarla a la ligera, como lo hizo Cristina, ante una claque de adulones bien pagos, sino de hacerse cargo de la alta incidencia de muertes, accidentes y enfermedades laborales en la clase obrera, producto de la voracidad patronal y la legislación permisiva. No olvidemos que la ley de ART, que privatizó la medicina laboral, rige desde el menemismo y que la UIA mantiene una campaña contra su modificación, porque incidiría en los "costos laborales". La reivindicación, por parte de la Presidenta, de su "padre colectivero", sería más consecuente si se sumara al reclamo de las seis horas de trabajo para los choferes -dada la condición insalubre de la conducción del transporte- al definitivo encuadramiento de la insalubridad en todo el subte y a la eliminación del nefasto régimen de las ART.
Pero el discurso de la Presidenta tuvo otro alcance: la defensa del sistema de la tarjeta Sube y del tarifazo que se prepara en todo el transporte a partir del 24 de octubre. Así lo reconoció el propio Schiavi, ante la denuncia de compañeros delegados nuestros -otorgando sentido a las palabras de Cristina, que parecían fuera de lugar y sobreactuadas. Ahora se entiende: se marcha a un aumento generalizado de pasajes en todos los trasportes, a través de la Sube, que se quiere disfrazar como aplicación de tarifas "diferenciadas" pero que, según reconocen, afectará al 90% de los usuarios. La reducción de los subsidios irá al pago a los bancos acreedores de deuda pública y al Club de París, con lo que el aumento del pasaje significará una trasferencia millonaria de recursos desde el bolsillo de la población trabajadora a los capitalistas.
Además ¿quién dijo que el aumento es inevitable? No nos consta ¿Qué relación tiene con los costos? Los subsidios a Metrovías aumentaron un 40% respecto del año anterior, mientras los sueldos de sus trabajadores lo hicieron en apenas un 21%. La empresa no pone un peso de inversión; ésta corre a cuenta del Estado. El caudal de pasajeros aumenta constantemente y también todo tipo de explotaciones, como publicidad, alquiler de locales y muchas otras. Tampoco se justificaría por el servicio brindado que, sin competencia, es de pésima calidad, comprobado por organismos oficiales y por los pasajeros que viajan como ganado. Se debe exigir la apertura pública de los libros de Metrovías y las cuentas de la Secretaría de Transporte, para comprobar los costos y revelar el grado de parasitismo de estas intermediarias y luego resolver en consecuencia.
Finalmente, tampoco puede ignorar la Presidenta que la libertad sindical, que dijo habernos otorgado, no es tal. La inscripción gremial que realizó Tomada -presente en el acto- desconoce a la AGTSyP derechos elementales y la subordina, a todos los efectos, a la burocracia de la UTA. La Presidenta lanzó una advertencia a los sectores independientes y antiburocráticos del movimiento obrero para que "no saquen los pies del plato". Una modalidad que ya usó ante el Consejo del Salario, donde amenazó sacar por decreto los 2.300 pesos, si Moyano y Yasky no acataban la orden del gobierno. Bastante antes ya había apretado a los petroleros de Santa Cruz y a los docentes en huelga, reprimidos frente al Ministerio de Trabajo. El mensaje es claro: el gobierno está resuelto a meter mano en las organizaciones obreras para garantizar, como sea, la "gobernabilidad", ante las turbulencias económicas y sociales que acechan en el horizonte.
Cristina no emplea el mismo tratamiento contra los capitalistas que se están llevando 2500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, pero por sobre todo de la Anses -cuyos fondos pagan la deuda usuraria de los bancos quebrados del país y del exterior, en lugar de financiar el 82% móvil que el gobierno le vetó a los jubilados. Tampoco contra empresarios como Roggio, que reciben del Estado subsidios millonarios.
Quienes en el movimiento obrero miran para otro lado, o, peor, apoyan esta ofensiva gubernamental y desautorizan medidas tomadas en asambleas soberanas y cuerpo de delegados -como lo hizo la llamada CTA de Yasky en sus comunicados- desmoralizan a los que luchan y "son funcionales" a los que quieren vernos de rodillas.
Desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores rechazamos los términos amenazantes del discurso presidencial y su contenido anti popular y de defensa de los intereses patronales. Defendemos la independencia política del movimiento obrero y la democracia sindical asamblearia contra cualquier injerencia del Estado. Luchamos por plenos derechos y personería para la AGTSyP. Estamos comprometidos con la lucha por el 82% móvil, el régimen de insalubridad, la eliminación del régimen de las ART y la nacionalización del transporte bajo control de los trabajadores.
FIT-PO (Subte)
