El acta firmada entre el Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Delegados del Subte constituye un esfuerzo extremo del kirchnerismo para salvar la estantería de la descompuesta burocracia sindical argentina ante el avance implacable de la organización independiente de los trabajadores. Como tal, está plagada de contradicciones: concede el derecho al Cuerpo de Delegados para peticionar a la patronal, lo que es propio de un sindicato, pero niega la inscripción del nuevo sindicato. Se trata de un compromiso político que busca poner un paréntesis al reconocimiento jurídico. Ese paréntesis es una ‘paz social’ que significa la renuncia a llevar la exigencia de reconocimiento a la Justicia. El gobierno enfrenta una avalancha de fallos laborales y sindicales adversos, y teme como a la peste que la Justicia le imponga el reconocimiento del nuevo Sindicato del Subte.
El nudo que cierra el acuerdo es la paz social; es decir, el gran objetivo político de los K. Fue lo que también intentó en Kraft. En este caso, la paz social implica deponer el reclamo de la inscripción soberana del nuevo sindicato, que seguirá indefinidamente en los cajones del Ministerio de Trabajo. En lo esencial, el acta da vuelta la votación de los obreros de Kraft a la lista que no firmó la paz social.
Tomada lo explicó, “no habrá paro por un año” (Diario Gremial, 28/11). Horacio Meguira, abogado de la CTA, fue más perverso. Para él, “la firma de la paz social lleva implícito el derecho de huelga”; es decir que sólo puede ceder ese derecho el que lo tenía y usaba en la práctica. La paz social afecta el derecho constitucional de huelga y la soberanía de la asamblea obrera; sólo ella tiene reservada la potestad clasista de decidir ir a una lucha.
Nosotros hemos fijado una posición clara de antemano: la paz social no debía ser firmada, aún con el nuevo sindicato inscripto, porque lo habríamos esposado el día mismo que nacía.
La no inscripción tampoco es menor para los obreros del Subte, a los que se les birla un derecho, se les viola una ley, ni para el conjunto del movimiento obrero, al que se le señala que el camino de la independencia del Estado le está vedado. La paz social es una integración al Estado.
El acta le cubre las espaldas a los Moyano, los Lezcano y los Zanola, algo imposible, claro, ante el vendaval judicial que enfrentan por delitos graves. El pataleo de Fernández de la UTA es natural, pero sigue teniendo la potestad legal en materia de convenio de trabajo.
De manera que no se trata de una concesión menor, sino de una maniobra vinculada a un proyecto político: el gobierno –que tiene la agenda de tarifazos, impuestazos, canje de la deuda y subsidios a la burguesía afectada por la crisis mundial– necesita “paz” en su frente social.
Se trata de una etapa en la que no les alcanza la cooptación tradicional de los sindicatos tradicionales; el gobierno tiene que pactar más a la izquierda de la burocracia y para ello se vale de quienes están apoyando a Sabbatella o a los que coquetean con Solanas. Esto explica el accionar de la CTA en torno al acta del Subte. Justamente por parte de Claudio Marín de Foetra, un gremio que expresa una alianza estratégica del moyanismo y la CTA. Entre ellos y con las telefónicas, niñas mimadas del kirchnerismo como se vio en la ley de medios.
En el esfuerzo bonapartista extremo de Kirchner frente a las luchas sociales y la crisis capitalista –es decir en el esfuerzo de actuar como un Bonaparte por encima de las clases para salvar al sistema de opresión capitalista en su conjunto– la paz social del Subte acerca a Kirchner a la CTA, aunque esto podrá ocasionar la ruptura de la CTA.
En el toma y daca, a las 48 horas de firmada el acta del subte, se premió a la CTA con la entrega del Suteba La Plata a Baradel y a su fraude impresentable a todo efecto. Luego se enfrió la inscripción en Argentina Trabaja de los desocupados ajenos a la cooptación kirchnerista. Esta situación ha determinado la constitución en las últimas horas de un amplio frente de lucha – que no incluye casualmente a la CCC, que firmó el acta de paz social de Kraft.
Las reivindicaciones de la nueva etapa
El complejo armado de la tutela “sui generis” otorgada, como otras concesiones que pudieran surgir en estos días, como el 1% o incluso alguna más, no nos obligan a renunciar a un derecho consagrado como la inscripción soberana de un sindicato.
La exclusión del acta de los delegados de la Línea B, porque la línea había votado en contra de la paz social, vulnera los métodos históricos del Cuerpo de Delegados del Subte y demuestra que la paz social, en sus últimas consecuencias, lleva a la regimentación sindical; o sea, al retorno de los viejos métodos por nuevas manos. Se está desarrollando una profusa campaña política de sectores de izquierda ligados al kirchnerismo, con abierto apoyo del MST, que presenta el acuerdo como un gran triunfo, ocultando su alcance a los trabajadores.
Por una etapa habrá que realizar una experiencia en relación al cuadro creado.
Continuaremos el reclamo por el nuevo sindicato ante la Justicia, en vistas de que el ministerio violentó los plazos y lo cajoneará por tiempo indeterminado.
Por plantear el reconocimiento directo de la patronal al Cuerpo de Delegados para todas las reivindicaciones de los trabajadores, sin intermediaciones: bolsa de trabajo, ascensos, antigüedad, condiciones de trabajo y a su turno salario, es decir en marzo.
El sindicato es el Cuerpo de Delegados y las asambleas de sector que lo sustentan, ninguna autoridad está por encima de ellos para toda negociación ante el gobierno o ante la patronal.
La CTA no fue nadie en el Subte en 15 años de lucha. Ha venido ahora a jugar para la firma de un acta de paz social. Su único rol ha sido reaccionario.
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