La ‘causa nacional' del gobierno de la ‘inclusión social'
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue muy claro cuando, el lunes pasado, en Página/12 (8/11), dijo "que la tercerización de las tareas no es ilegal", "que la tercerización en sí no es una mala palabra" porque "el mundo está organizado de esta manera" y que "es legal" que dos trabajadores que hacen o no el mismo trabajo en el mismo establecimiento estén encuadrados en distintos convenios y sindicatos. Este apoyo descarado al régimen de desigualdad salarial y de superexplotación tiene lugar en un momento crucial: cuando crece la lucha contra la tercerización entre los trabajadores ferroviarios y cuando Piumato-Moyano-Recalde presentan un proyecto de ley que procura modificarla. Lo único que admitió Tomada es que debería haber "algún vínculo entre ambos convenios", en referencia al que rige para las contratistas y la empresa principal para la cual trabaja, y un control de los "abusos". Al cabo de siete años al frente del Ministerio de Trabajo, los dichos de Tomada desmienten la pretensión de que el gobierno busca la "inclusión social" y reafirman que es un poder político que protege las prerrogativas que impone la explotación capitalista.
Tomada dijo lo que dijo cuando ya hacía varios días que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados había aprobado el dictamen de Piumato y Recalde que modifica el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que extiende la "responsabilidad solidaria" del patrón principal hacia las contratadas o subcontratadas. Si fuera aprobado, se convertiría en ley una normativa ya votada por la Corte Suprema en diversos litigios laborales. Hasta aquí nada nuevo, pero ocurre que el proyecto votado en Comisión establece que a los trabajadores contratados o subcontratados se les aplicará el régimen legal y el convenio más favorable, cuando realizan la actividad "en el interior del establecimiento del principal o en instalaciones que se encuentren bajo su custodia o guarda".
¡Pero Tomada conocía la aprobación en comisión de este proyecto cuando salió a defender la legalidad y legitimidad de la tercerización! Es decir que salió a airear una crisis política en el oficialismo. Tomada insistió en su posición: "No es lo mismo -dijo- la tercerización de limpieza de una estación de ferrocarriles que la de reparación de locomotoras", aunque ambas se realicen en el mismo establecimiento, con la evidente intención de rechazar que se aplique a los "tercerizados" de limpieza el convenio de la actividad principal. Tomada toma partido por las patronales, porque él sabe muy bien que los convenios tienen categorías, porque aplicar el mejor convenio en un establecimiento para todos los que allí trabajan no significa que los salarios de un obrero calificado y de otro que no lo es vayan a ser iguales.
En otras palabras, Tomada sabía muy bien que cuando defendie la tercerización y las diferencias salariales y de convenio entre trabajadores tercerizados y no tercerizados estaba atacando, por orden del Poder Ejecutivo, el proyecto en cuestión. Tomada ha anunciado simplemente que el gobierno le bajó el pulgar al proyecto de Piumato-Recalde.
El proyecto de Piumato-Recalde no prohíbe contratar o subcontratar. Lo que hace es repetir lo que es jurisprudencia de la Corte Suprema. El año pasado, en el caso Benítez, la Corte estableció que el club River Plate era responsable solidario de la empresa contratista gastronómica que actuaba en sus instalaciones por tratarse de una actividad complementaria pero "necesaria" para la actividad principal.
Lo novedoso
La novedad del proyecto es que equipara salarios y convenios, cuando se trata de labores de empresas contratistas en el local de la empresa principal, al que sea más favorable para el trabajador, que es precisamente lo que el gobierno (‘nacional y popular') y la burguesía (‘nacional') no van a aceptar de ninguna manera. El proyecto no cuestiona ni limita la contratación en tanto método de división técnica de las operaciones industriales, pero derriba, cuando el local de trabajo es compartido, la división entre los obreros. El proyecto no aborda la tercerización en locales diferentes, como es el caso de los call centers, o sea que mantiene la rebaja salarial en empresas del mismo grupo económico que se subcontrata a sí mismo con el fin de pagar menores salarios. Tampoco contempla a los "factureros" a los que se los obliga a anotarse como "monotributista", en un típico fraude de las empresas "principales".
Piumato y Recalde desempolvaron este proyecto inmediatamente después de que saltara a la luz pública la responsabilidad intelectual y material de la burocracia sindical en el crimen de Mariano Ferreyra. Buscan delimitarse de los intereses tercerizadores que han sido la causa del crimen político y social contra nuestro compañero. Saben que el proyecto no tiene futuro parlamentario y que ellos no van a mover un dedo para imponerlo por medio de una lucha extra parlamentaria. Lo que vienen a decir es: ‘Marco tarjeta y me voy'. No se puede, sin embargo, descartar algo más: que sea una extorsión contra la pretensión de los intendentes pejotistas bonaerenses de condicionar la conducción del pejotismo por parte de Moyano y la composición de las listas electorales. Moyano pretende aparecer contrario a la tercerización, cuando la burocracia sindical es uno de los agentes de esta superexplotación de los trabajadores. En el conflicto con Techint, no planteó nunca la vigencia del convenio más favorable entre sidero-metalúrgicos y camioneros que trabajan para una misma empresa.
La finalidad política principal de los hombres de Moyano podría ser "apretar" al gobierno con un proyecto "de máxima" y "negociar" los límites de la investigación del crimen cometido por la patota ‘ferroviaria'. La burocracia necesita la complicidad del gobierno, como el gobierno necesita el sostén político de la burocracia. Es sabido que los asesinos y sus responsables políticos se recelan recíprocamente.
El proyecto va a ser cajoneado y esmerilado por el gobierno, las patronales y la burocracia, y sus tiempos van a ser manejados de acuerdo con la evolución de la crisis política abierta por el crimen. El esclarecimiento total y completo del crimen de Mariano es un paso clave para desmontar la tercerización laboral que con tanto empeño defiende el kirchnerismo.
D. C.
