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Cuando parecía que
íbamos derechito al cierre del servicio del subterráneo, asoma la luz de una
transa. El acuerdo se deberá tejer a toda velocidad: Roggio ya retiró veinte
formaciones, lo que convierte el viaje en hora pico en una tortura.
El acuerdo supone una ingeniería financiera compleja, para que los
fondos que remplacen a los subsidios del Estado nacional no provengan sólo de
la tarifa. Se medita, por ejemplo, aplicar un impuesto local a las naftas y
aumentar los peajes de las autopistas de la Ciudad y las patentes. Todo esto
lograría, eventualmente, cubrir el costo operativo del servicio. Más allá de
esto, el macrismo insistiría en que el gobierno nacional ponga 1.000 millones
de pesos para obras y para material rodante; pero, como “plan B”, reclamará que
al menos facilite garantías para un endeudamiento. Macri confía en que algunas
inversiones en el servicio atenuarían la impopularidad del tarifazo y hasta
podría sumarle votos. Por eso le mete fuerza a completar la Línea H.
Un acuerdo de este tipo requerirá la aprobación de la Legislatura, donde
el macrismo precisará el apoyo del kirchnerismo; en especial, para asociarlo al
costo político que supone el tarifazo. Para ello, la mecánica parlamentaria
permite una gran plasticidad: el bloque K podría votar algunos impuestos y
otros no, o simplemente facilitar el quórum. Alargar la rienda, pero no
soltarla.
Hay urgencias mutuas para un acuerdo. Macri necesita cerrar un tema que
puede complicarle el año electoral y sepultar su plan presidencial. Si
Metrovías abandona el servicio, pasaría a la empresa Sbase de la Ciudad. A
Macri no lo convence el resultado que podría ocasionar un choque frontal el 1E,
cuando caduquen los subsidios K; ni siquiera cuando tampoco el kirchnerismo
tiene capacidad de librar muchas peleas en simultáneo. A Magnetto, en cambio,
le vendría de maravillas.
El acuerdo que se está cocinando constituye un ajuste a gran escala, que
anticipa otros que vendrán en breve -en especial, el que se refiere al
incremento general de la tarifa del transporte público de colectivos y de
trenes metropolitanos.
Los trabajadores del subte no tienen nada que ganar de un acuerdo de
este tipo, el cual se hará sentir de inmediato en una presión contra el
porcentaje de aumento salarial que reclama el sindicato, en una negociación de
salarios que se ha postergado por casi nueve meses. A esto se agrega la presión
de ambos Estados -Nación y Ciudad- sobre la patronal, para que retome el
control de los lugares de trabajo y para que privilegie definitivamente la
dirección sindical colaboracionista K. La santa unidad de CFK-El
Pibe-Roggio-Schiavi cotiza la “modernización” del subte en euros o en francos
suizos.
La transferencia del servicio a la Ciudad es una operación de ajuste, no
una cruzada de emancipación nacional. El pasaje del servicio a un gobierno
privatizador y antisindical es equivalente a una privatización y a un planteo
de flexibilización laboral. La bandera de que “Macri se haga cargo” es lo mismo
que decir que “el Citi se haga cargo” o que se haga cargo Chevron. A una
dirección identificada con los K le ha tocado decir sí a la macrización del
subte, mientras el kirchnerismo sigue negándole al sindicato independiente el
reconocimiento gremial y el derecho a la paritaria. No se ve una sola prueba del
beneficio que supondría para los trabajadores este traspaso; ni siquiera el
canje de esta entregada a cambio del reconocimiento gremial por parte del
Ministerio de Trabajo de la Nación. Macri sería la única autoridad federal que
gozará de la ventaja de dirigir una concesión sin la obligación de respetar los
derechos de los trabajadores -salvo los que suscriba con el apaleador de los
trabajadores de la Línea 60, el burócrata de UTA, Roberto Fernández. ¿O acaso
se está discutiendo alguna acción contra el tarifazo macrista que sucederá al
quite de subsidios del kirchnerismo? ¿Estamos en las vísperas de una ruptura de
la alianza trabajadores-usuarios que se ha reivindicado, en cada ocasión, en
los últimos años?
La crisis del subte -y de todo el transporte público- requiere otra salida.
No al tarifazo; nacionalización del transporte público para efectuar una
restructuración y una planificación al servicio de los usuarios y de los
trabajadores; por un plan de inversiones financiado con impuestos al gran
capital.
Por el reconocimiento integral de la AGTSyP; fuera la burocracia de
Fernández del subte.
Gabriel Solano
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