Proyecto de Ley sobre impuesto al salario

Propuesto por el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Julio de 2013

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1º –Queda excluido el salario del impuesto a las ganancias o ingresos personales. Esta exclusión comprende la retribución que, por cualquier concepto, perciba un trabajador en relación de dependencia bajo convenio. Están excluidos, por consiguiente, los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales, las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Lo mismo vale para las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido.Esta disposición rige a partir del ejercicio fiscal 2013.

ARTÍCULO 2- Queda excluida la jubilación del impuesto a las ganancias o ingresos personales. Esta exclusión se hace extensiva a los pagos derivados o relacionados con ese concepto, tales como, pensiones, retiros y subsidios. Quedan comprendidas también en esta exclusión las retroactividades, reconocidas en sede administrativa o judicial, emergentes de una sentencia de reajuste de haberes previsionales, y los intereses accesorios a dichos créditos.-

ARTÍCULO 3-Sin perjuicio de lo expuesto, se establece como mínimo no imponible para el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia y los haberes jubilatorios, el costo de tres canastas familiares, según es calculada por los institutos de estadística de las centrales sindicales. Este monto será actualizado anualmente, utilizando como parámetro la variación promedio anual experimentada en el año inmediato anterior, por el índice de salarios del Indec o el Ripte ( Ministerio Trabajo), el que resultare más favorable para el trabajador. 

ARTÍCULO 4º.Se excluye de la obligación del pago del componente impositivo del monotributo a quienes están alcanzados por el mismo bajo el carácter de prestadores o locadores de servicios, cuando sus ingresos no superen un monto equivalente a 3 (tres) veces el costo de la canasta familiar, según es calculada por los institutos de estadística de las centrales sindicales. Este monto será actualizado anualmente, utilizando como parámetro la variación promedio anual experimentada en el año inmediato anterior por el índice de salarios del Indec o el Ripte ( Ministerio Trabajo), el que resultare más favorable para el trabajador 

ARTÍCULO 5º. Los trabajadores en relación de dependencia ingresarán las obligaciones que les correspondan con la AFIP o cualquier otro organismo del Estado, por cualquier concepto, mediante la presentación de declaraciones juradas y/o pagos efectuados por sus propios titulares. Los empleadores cesan en sus funciones de agentes de retención. En cada empresa se nombrarán comisiones independientes electas por el propio personal a los fines de asesorar y velar por el cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 6º. Las disposiciones de los artículos primero y segundo no serán de aplicación respecto a los pagos, por cualquier concepto, que se realicen a las personas que forman de parte de elencos directivos, ejecutivos, gerenciales y de control de sociedades, empresas y organizaciones, estén o no estén constituidas regularmente. Se exceptúa de dicho tratamiento al personal directivo de escuelas y a quienes ejerzan cargos escalafonarios dentro de la administración pública o en el marco de convenios colectivos de trabajo, correspondientes a las carreras profesionales o laborales del ámbito en que se desempeñan.

ARTÍCULO 7º.- Se suprimen todas las disposiciones en las normas legales en vigencia que contradigan el contenido de la presente ley.

ARTÍCULO 8º.- La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial.-

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto apunta a abolir el llamado impuesto a las ganancias a los asalariados o a la cuarta categoría, aunque se trata de un “impuesto al salario”. A fines del presente año, serán afectados por esta confiscación unos tres millones de trabajadores. Cuando se añade a este impuesto directo otros del mismo carácter, como la contribución personal a la previsión social, y otros indirectos, como los que gravan el consumo personal o a la vivienda única e incluso ingresos brutos al consumo personal, se llega a la conclusión que el sistema impositivo confisca un 55% del salario de los trabajadores.

La carga creciente de este impuesto se inicia con la “tablita” que impuso el gobierno de la Alianza en 2000. Esa reforma aumentó las alícuotas que pagan los asalariados según niveles de ingreso. Pero además, las escalas que determinan la tasa a pagar no fueron actualizadas, mientras que el mínimo no imponible para la aplicación del impuesto fue siempre ajustado por debajo la inflación. Como consecuencia de ello, cada vez más trabajadores se incorporaron al pago del “impuesto a las ganancias”. En 2001, lo pagaban el 9,7% de ellos. Ahora, esa proporción llega al 30%. También en este punto, el llamado “modelo” siguió la ruta confiscatoria de los ‘modelos’ que lo precedieron. 

En 2013, el ajuste del mínimo no imponible anunciado por el gobierno será del 16,7%, un porcentaje menor al promedio de los aumentos salariales pactados por convenio y muy inferior a la inflación prevista.-Como consecuencia de ello, medio millón de trabajadores nuevos serán afectados en el curso del año, aumentando también la carga de los que ya pagan el impuesto. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impuesto sobre el salario ha absorbido, en los últimos dos años, entre el 45% y el 82% del aguinaldo total de 2013. 

Es conocido que los ingresos arrancados de este modo a los trabajadores fueron aplicados al pago de una deuda pública usuraria: por lo tanto, la orientación impositiva que aquí denunciamos ha convertido al Estado en un instrumento de la presión confiscatoria del capital financiero sobre los trabajadores. A esta carga sobre el salario, debe sumarse la que resulta de la privatización de la educación, la salud y demás servicios públicos, que sumaron otros gastos a la canasta familiar, sin que fuera compensado por un aumento correspondiente del salario nominal. 

El falso “impuesto a las ganancias” es recaudado en forma compulsiva – llamada retención en origen -, lo cual no ocurre con las escalas superiores de quienes pagan impuestos a las ganancias o ingresos personales, que lo hacen por medio de una declaración impositiva. El agente de retención, las patronales, tienen la posibilidad de eludir al fisco y retener una parte de lo recaudado en su propio beneficio.

En un mercado de competencia perfecta – lo cual implica una utilización plena de los recursos disponibles -, cualquier gravamen a los salarios es transferido a la parte patronal, que debe compensar la disminución que el impuesto provoca en el precio de la fuerza de trabajo. Como esa premisa no está reunida, el sistema impositivo que grava los ingresos y los gastos de los asalariados opera como un elemento de presión para reducir el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor histórico. Esa plusvalía extraordinaria es usada por el Estado para hacer frente a la deuda pública usuraria y al subsidio a diversos sectores capitalistas.

En oposición a ello, nuestro proyecto excluye taxativamente al salario y a las jubilaciones del pago del impuesto a las ganancias, así como a cualquier pago relacionado con ellos –indemnizaciones por despido o accidentes, pensiones o subsidios.

Sin perjuicio de lo anterior, exime de cualquier impuesto los ingresos equivalentes tres canastas familiares para el trabajo en relación de dependencia, según es estimada por los centros de estadística de las centrales sindicales. Hoy, el valor de esa canasta familiar se sitúa en los $ 8.500. 

Luego, el proyecto extiende estas mismas exenciones a los monotributistas, entendiendo que bajo esta figura se ha desarrollado vastamente una relación laboral encubierta y precaria. 

Finalmente, se suprime el papel de las patronales como agentes de retención y deducción compulsiva del impuesto sobre los salarios brutos. 

A partir de lo anterior, establecemos una clara línea demarcatoria frente a iniciativas del oficialismo y de la oposición de `reformar` el impuesto, que se han multiplicado en las últimas semanas. En el caso del gobierno, los anuncios apuntan al reemplazo del actual gravamen por un impuesto a los “ingresos”, una categoría que borra las fronteras entre las ganancias que surgen de la explotación de la fuerza de trabajo con la remuneración que ésta percibe, y que apunta, por lo tanto, a mantener la imposición sobre el salario. En otros casos –como el proyecto del Frente Renovador de Massa-, se condiciona la reducción del impuesto a que sea compensada con un gravamen a la renta financiera, a sabiendas de que el debate en torno de este punto se prolongará en el tiempo. Se trata, por lo tanto, de un pretexto para mantener el impuesto al salario.

Con la presentación de este proyecto, anticipamos la agenda parlamentaria de una bancada del Frente de Izquierda, que se completará con la lucha por el 82% móvil, la imposición de un salario mínimo que cubra la canasta familiar, o el fin del trabajo precario, entre otras iniciativas. Pero también, hacemos de este proyecto un aporte a la deliberación y organización del movimiento obrero por esta reivindicación. Ese impulso deberá superar el bloqueo de la burocracia sindical que, en sus diferentes vertientes, ha renunciado a una acción de conjunto para terminar con esta confiscación. Ello, a pesar que la disposición de lucha para abolir el impuesto al salario ha dado numerosas pruebas, desde la gran huelga petrolera de 2005 hasta hoy. 

Inscribimos el planteo de la abolición del impuesto al salario en la lucha por terminar con las exacciones impositivas del Estado sobre los que trabajan, y por impuestos progresivos al capital, a las rentas y patrimonios, en el marco de una reorganización social dirigida por los trabajadores.

Proyecto de Ley sobre haberes jubilatorios

Propuesto por el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Julio de 2013

PROYECTO DE LEY

ARTÌCULO 1º . Las jubilaciones que se otorguen,  a partir de la sanción de esta ley, serán equivalentes al 82 % (ochenta y dos por ciento)  del mejor  sueldo, actualizado  por los coeficientes que surgen del fallo Badaro, más la variación operada según  los índices  de salarios que publica el Indec o el Ripte (Ministerio de Trabajo), el que resultare  más favorable al trabajador. Para el cálculo, se tomarán en cuenta las sumas remunerativas y no remunerativas y cualquier otro concepto que sea objeto de un pago normal y habitual. Por cada año adicional de aportes a los 30 años aportados, se adicionará medio por ciento. Dicho haber  jubilatorio será actualizado dos veces por año, según la variación operada  de acuerdo  a   los índices  de salarios que publica el Indec o el Ripte (Ministerio de Trabajo), el más favorable entre los dos.

ARTÌCULO 2º . Se extiende a todos los jubilados y pensionados, hayan iniciado o no juicio, el reajuste de haberes dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro.

El reajuste incluye la retroactividad, la que se pagará en tres cuotas bimestrales a partir de la sanción de esta ley.

ARTÌCULO 3º . La Anses recalculará los haberes jubilatorios tomando los coeficientes de actualización que surgen del fallo Badaro  El reajuste que surja se pagará, a partir de la sanción de esta ley, con retroactividad al momento que se otorgó la jubilación.

ARTÌCULO 4º . Se fija el haber mínimo en un valor equivalente a la canasta básica para los mayores de 65 años, estimada   por la Defensoría  de la Tercera Edad  de  la Ciudad de Buenos Aires, el que se actualizará dos veces por año, según la variación operada  de acuerdo  a   los índices  de salarios que publica el Indec, o el Ripte (Ministerio de Trabajo), el más favorable entre los dos.

ARTÌCULO 5º . Se derogan   todas las disposiciones  en las normas legales en vigencia que  contradigan  el contenido de la presente  ley.

ARTÌCULO 6º .La presente ley comenzará a regir,  a partir del día siguiente  de su publicación  en el  Boletín Oficial 

ARTÌCULO 7º .Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.- 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto consagra el  82 %  por ciento  móvil para todos los jubilados y pensionados. En la actualidad, los haberes jubilatorios  representan apenas el 40 o 50 por ciento del sueldo de los trabajadores en actividad  y se deterioran aún más con el tiempo,  como resultado del proceso inflacionario. El 75 por ciento de los jubilados  cobra la jubilación mínima - 2165 pesos- que representa apenas una cuarta parta de la canasta familiar. Es decir, un ingreso de indigencia.

La tendencia, a través de las sucesivas reformas jubilatorias llevadas adelante por los diferentes gobiernos de turno, fue transformar a la jubilación en una suerte de plan  asistencial. Esto significa  una desnaturalización completa  de la jubilación,  que no es otra cosa que un salario diferido. Y como tal, debería permitir al jubilado seguir conservando un nivel de ingresos similar al que le hubiera correspondido si continuara activo.

Con el 82 por ciento móvil, que vincula en forma automática el haber de los pasivos  al de los activos, se restablece este principio básico, que fue pisoteado y  destruido.  En las últimas décadas, asistimos a una confiscación sistemática de las jubilaciones. El gobierno kirchnerista no revirtió el virtual  congelamiento y retraso creciente que fueron sufriendo los haberes jubilatorios  en los noventa. Se dejó intacta la herencia del menemismo, como  lo revela el achatamiento  que se ha operado en las categorías. Ello, hasta el extremo que, como lo señalamos más arriba, tres cuartas partes de los beneficiarios  cobran la mínima.

Esto es lo que  provocado  la multiplicación de los juicios de jubilados. Los tribunales están abarrotados de demandas de trabajadores reclamando la actualización de sus haberes. La Corte Suprema ha emitido el fallo Badaro, que se ha convertido en un caso testigo y un punto de referencia para el resto de los juicios en curso. En virtud del mismo,  ordena actualizar  la jubilación del demandante y fija  una serie de coeficientes y  procedimientos para efectuarla.

La conducta  del gobierno ha sido bicicletear las demandas, especulando - entre otras cosas- con la edad avanzada  de los jubilados. Aquí se puede decir, sin necesidad de eufemismos, que estamos  ante una sentencia de muerte.

En respuesta a esta situación, nuestro proyecto  plantea  extender el reajuste de los haberes dispuesto por el fallo Badaro a todos los jubilados, hayan o no  hecho juicio al Estado.

El proyecto, asimismo, plantea el pago de las retroactividades  que correspondan,  de modo de resarcir a  los jubilados por las diferencias que acumulan  en el monto de las jubilaciones pasadas y por  el perjuicio económico se les ha ocasionado.

Por último, el proyecto  fija   un haber mínimo, por un monto equivalente  a la canasta  para mayores de 65 años, conocida popularmente  como “canasta  del  jubilado”, estimada por la Defensoría de  la Tercera Edad de la Ciudad de  Buenos Aires. De acuerdo a ese organismo,  en mayo de este año dicha canasta ascendía a   $4298,39, es decir, el doble del haber mínimo  de  $ 2165 que rige, en la actualidad. 

Los recursos del Anses, como es conocido, son superavitarios. Esto, a pesar de que a dicho organismo  se le fueron  recortando implacablemente  sus bases y fuentes de financiamiento. Menem- Cavallo  redujeron los aportes patronales,  a lo que se  une   el desfalco  que representó la jubilación privada. La  masa extraordinaria de   fondos que fue a parar a las AFJP terminó volviendo fuertemente devaluada al Estado 14 años después. Ello, si  tenemos en cuenta  las comisiones leoninas que cobraron las administradoras, la desvalorización operada  de los recursos administrados por ellas, -inflación y devaluaciones  mediante-  y  el manejo discrecional  y maniobras inescrupulosas a expensas de la plata de los futuros jubilados. Otra de las fuentes del desfinanciamiento del Anses   proviene de la proliferación de las sumas en negro -no remunerativas-   sobre las cuales  las patronales están eximidas de efectuar las contribuciones   previsionales,  y que no se toman  en cuenta     a la hora de  calcular el  beneficio jubilatorio  que le corresponde a cada trabajador. No nos podemos olvidar obviamente del trabajo en negro  y precario, el cual implica sustraer una masa  significativa  de ingresos  al sistema previsional y, lo más grave,  condenar  a  millones de argentinos a quedar privados y desprovistos de  algún tipo de cobertura. 

Durante la década kirchnerista no se ha alterado este cuadro. Las sumas no remunerativas son moneda corriente en los convenios colectivos que son homologados en el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, el propio Estado es el principal empleador en negro. Los docentes y los trabajadores estatales son la mejor muestra de este hecho. Los Kirchner han mantenido  la rebaja de los aportes patronales  decretada por Cavallo y le han agregado, de su propia cosecha,  una segunda rebaja. Es el caso de la incorporación de nuevo personal, consistente en una disminución  de las cargas patronales en un 50 por ciento para el primer año y de 33 por ciento para el segundo. En cambio, a los trabajadores  que pasaron al Estado se les aumentó el descuento  de 7 a 11 puntos. El gobierno se jacta de la incorporación de 2 millones de jubilados, facilitando la jubilación  de aquellos que no reunían los 30 años de aporte. Pero esto fue  costeado por los mismos jubilados, al desconocer el reajuste  en sus haberes. Un acto  elemental de “justicia distributiva” hubiera consistido  en gravar al capital responsable del trabajo en negro  y crear un fondo especial dirigido a reparar semejante confiscación. En lugar de  ello, asistimos a una redistribución de la pobreza.   

   

No hay ningún impedimento presupuestario  para otorgar el reajuste que aquí se propone. Los recursos actuales,  y los que se deberían restablecer y que fueron sustraídos  al régimen previsional, asegurarían  el flujo de fondos necesario para  una recomposición sustancial de las jubilaciones, en los términos que se exponen en  el presente  proyecto. Si esto no ocurre, es porque la plata  de los jubilados  ha sido usada para otros destinos, empezando por  el pago de la deuda externa y siguiendo por el subsidio a los capitalistas. El “desendeudamiento” pregonado por el gobierno ha sido  a expensas del “endeudamiento”  con el Anses y de otros organismos públicos, como el Banco Central. La defensa de esta política  ha sido llevada al extremo de que la presidenta vetó en 2010 una ley del 82 por ciento aprobada por el Congreso, incluso cuando su versión final resultaba una versión mutilada de lo que aquí planteamos.  En efecto: los filtros y recortes que fue sufriendo el  proyecto original en el trámite parlamentario hicieron que quedara reducido al reajuste del haber mínimo en apenas  un 30 por ciento por encima del vigente en aquel momento.

El gobierno viene sosteniendo que el establecimiento del 82 por ciento  arruinaría  al Anses,  cuando dicho organismo viene siendo literalmente esquilmado a favor de los usureros.

La Anses fue la principal perjudicada  por la manipulación de los índices del Indec  a partir de 2007. Mientras  a los acreedores externos  y a los bancos se les mantenían  las deudas en dólares, las deudas  con el Anses –pesificadas- se actualizan según la inflación oficial.  El 60 por ciento del  Fondo de Garantía  que el Anses tiene supuestamente destinado a  “atender eventuales insuficiencias  en el financiamiento del régimen previsional publico”están invertidos en títulos públicos de dudosa cobrabilidad, y que son calificados como bonos basura en el mercado. Otra parte  de ese fondo de garantia  es invertido  en acciones especulativas  de empresas y préstamos  subsidiados al gran capital. Actualmente, y siguiendo las instrucciones de Moreno, el Anses se está desprendiendo de títulos públicos en dólares con jugosos intereses,  con el propósito de “calmar los mercados”.  O sea que mientras el gobierno acelera la devaluación de la moneda, pesifica la cartera del Anses para facilitar la dolarización de los especuladores. 

Esta orientación estratégica  es patrimonio común del oficialismo y la oposición que sostiene y defiende el pago de la deuda externa, la principal fuente de saqueo del país. Sergio Massa, al frente del Anses, en su calidad de director  ejecutivo  hasta fines de 2007 y luego de jefe  de gabinete, fue el encargado de implementar  esta política.

Algunos  proyectos en danza de la oposición se circunscriben a plantear   el 82 por ciento del salario mínimo, y sólo para el haber jubilatorio mínimo. En el mejor de los casos, significaría llevar la jubilación  a 2400 pesos, unos 200 pesos más del nivel que está hoy, o sea, un fraude. El punto de vista predominante  es que la jubilación debe ser separada del salario, quedando confinada a un nivel de indigencia. Lo que se cobre por arriba del mismo debería salir de nuevas contribuciones a cajas complementarias. El derecho de los jubilados termina  donde  empieza el de los usureros.

El principio que sostiene nuestro proyecto es el inverso.Primero, los jubilados y demás  derechos de los trabajadores.

Este proyecto se complementa  con otras iniciativas. En particular, la imposición de  un salario  mínimo que cubra la canasta familiar-hoy de 8500 pesos- que forma parte de la agenda parlamentaria que impulsará una bancada  del Frente de Izquierda  en el Congreso. Al atar la jubilación al salario, éste último pasa a convertirse en el eje de una transformación social  integral del país sobre nuevas bases sociales, que  privilegie a los que viven de su trabajo. Este proyecto apunta , asimismo, a contribuir a la deliberación y movilización de los trabajadores  por esta reivindicación, y ayudar a superar el vacío dejado por  la burocracia sindical  que  en sus diferentes vertientes no encara una lucha de conjunto o directamente  es hostil a este reclamo.

NESTOR PITROLA SOBRE LA SUCESION DE CRISTINA A MANOS DE LA DERECHA PEJOTISTA Y EL ACUERDO SABATELLA-OTACEHE

Néstor Pitrola, candidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda en la Provincia de Buenos Aires, fue el orador central en un masivo acto en la

Plaza de Merlo que reunió más de 500 personas, junto a la primera candidata a concejal, la docente Analía Pascual.

Pitrola dijo: “El progresismo K fundió motor no sólo por la designación de Milani, por la entrega a Chevron y por cobrarle ganancias a tres millones de trabajadores para cumplir con los especuladores de los bonos de la deuda, sino también porque votar a las listas de Cristina en la provincia es votar a los Otacehé, a los Curto y al mismísimo Scioli que después de octubre disputará la sucesión con Massa o sea que todo quedará en manos de la derecha pejotista”.

Pitrola denunció: “la claudicación del sabbatellismo y de Miles de Luis D’Elía que levantaron la lista de Merlo para congraciarse con Otacehé, el extremo del punterismo, de los negocios privatistas y la patota del PJ en la provincia de Buenos Aires” y remató “el voto progresista en la provincia es el voto al Frente de Izquierda, al tiempo que llamó a llenar de fiscales las escuelas para evitar el fraude porque nuestra votación será especialmente importante en el oeste del conurbano”.

Ferrocarriles, spot frente de Izquierda

Burocracia sindical, spot del Frente de Izquierda

Impuesto al Salario, Spot del Frente de Izquierda

Jubilados, Spot del Frente de Izquierda

CHARLY PEREZ SOBRE LA EXTENSIÓN DE LA LINEA B, MACRI Y ROGGIO

 Charly Perez, referente de los luchadores del subte y candidato a diputado por Provincia de Bs. As. en el Frente de Izquierda declaró esta mañana en una recorrida de campaña:

Macri, que hoy está a cargo del subte, quiere acelerar la inauguración de estaciones con fines electorales, sin reparar en las condiciones mínimas de operatividad y seguridad necesarias. Así, en la extensión de la línea B, no hay comunicación instalada de los conductores con el control en tierra. Las nuevas estaciones tienen filtraciones y son, en partes, inundables. Además en todas las líneas que se extienden – B, A, H – se pretende cubrir mas distancia con el mismo personal, afectando los tiempos de descanso imprescindibles para el normal desempeño de conductores y guardas y la seguridad de los pasajeros. Todas estas, como asi también la tercerización del mantenimiento, son consecuencias del traspaso efectuado por el gobierno nacional al de la ciudad, con el común acuerdo de reducir gastos sobre la base del ajuste y la precarización.

Desde el Frente de Izquierda impulsamos un servicio de excelencia, basado en eliminar la concesión a Roggio y todos los negociados, investigar el uso de los fondos bajo control de los trabajadores y organizar una política nacional de trasporte financiada con impuestos al gran capital

CHARLY PEREZ FRENTE AL ACUERDO YPF-CHEVRON

Recorriendo las líneas del subte, Charly Perez, candidato a diputado de provincia de Bs As en la lista del Frente de Izquierda declaró: En contraste con la “soberanía energética” declarada por del gobierno K, se acaba de dar a luz un decreto entreguista que favorece el ingreso de la norteamericana Chevron en la explotación del gas no convencional. El mismo abre la explotación del petróleo al capital internacional en todas sus formas, confirmando lo que dijimos cuando caracterizamos la llamada ”estatización de YPF” como un proyecto de “reprivatización petrolera”.

Al estilo menemista, reabre la exportación de combustibles a los precios internacionales abusivos, sin ninguna clase de retenciones; admitiendo la exportación del 20% de la producción, que elevará el precio al nivel internacional. Autoriza a remitir divisas al exterior a los pulpos petroleros, que se llevarán la renta petrolera. Este decreto toma de la oposición de los Macri, Massa, De Narvaez, Terragno y Prat Gay, la devaluación del peso y del ‘retorno’ al mercado internacional de capitales.

El impacto será brutal para los trabajadores, en términos de una mayor carestía y de pérdidas de empleo. Aparte del daño ambiental que producirá el método del ‘fracking’ que afecta las napas y potencia los efectos sismícos.

Llamamos a la reflexión –dijo Charly - a los compañeros que creyeron en que habíamos recuperado la soberanía sobre el petróleo. El Frente de Izquierda propone la nacionalización integral de la exploración y producción de hidrocarburos bajo control de los trabajadores. Salida que plantea a su vez, una reorganización de conjunto de la nación sobre otras bases sociales.

CHARLY PEREZ FRENTE AL NOMBRAMIENTO DE MILANI

En una recorrida de campaña por la linea B, Charly Perez, candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los trabajadores, se refirió al nombramieneto de Milani como jefe del ejército: “Es – dijo el delegado de Taller Rancagua - una negra mancha más para el gobierno que se reclama “de los derechos humanos”. Ya que se trata de un oficial de inteligencia, vinculado al terrorismo de estado, por su desempeño en el Operativo Independencia en Tucumán y por secuestros políticos en La Rioja. Y a la gestación del poryecto X de espionaje político a las luchas sociales. Su nombramiento corresponde a la feroz interna kirchnerista, trasladada al seno de los servicios de inteligencia, fracturados en camarillas vinculadas a delitos de todo tipo.

        Las organizaciones obreras debemos repudiar este nombramiento y reclamar que Milani sea sometido a proceso judicial y que se forme un comité de organizaciones populares que lo supervise.

VAMOS CON LA IZQUIERDA AL CONGRESO

Los trabajadores del subte con Altamira

Con la asistencia de más de sesenta personas -treinta trabajadores del subte y sus familias- incluidos diez delegados de la AGTSyP, se realizó una importante actividad de lanzamiento de la campaña de PO y el Frente de Izquierda en la mutual Sentimiento. En un ambiente cálido, Altamira destacó la importancia de una fuerte campaña por las internas abiertas, para superar la cantidad de candidaturas oportunistas que se presentan con el propósito de rapiñar una parte del espacio político abierto por el Frente de Izquierda. Subrayó la importancia de la masiva movilización de los trabajadores de Brasil, que se han levantado contra un gobierno de centroizquierda como el del PT-PMDB y, en este cuadro, la trascendencia de un avance sin precedentes de la izquierda revolucionaria en la Argentina.

Los trabajadores -así como familiares y amigos presentes- indagaron en la proyección que tenía para la lucha política en el subte la campaña de la izquierda y por qué no se había avanzado más en el pasado. Altamira, en este punto, llamó la atención sobre la descomposición política de la fracción stalino-kirchnerista de Nuevo Encuentro, colectora del FpV, a la que adhiere la conducción de la AGTSyP. Nuevo Encuentro, a pedido de CFK, retiró sus candidatos de Merlo para no sacarle votos al fascista Othacehé. Hizo una síntesis de cómo la izquierda oportunista -Frente del Pueblo, Izquierda Unida- había bloqueado, en el pasado, la construcción de un frente de la izquierda revolucionaria, en especial en 2003, cuando la reducción de la jornada a seis horas (proyecto de ley presentado por Altamira) había dado un gran impulso a los delegados y activistas clasistas.

Para Altamira, la campaña del Frente debe servir para profundizar la delimitación con el cuerpo de dirección del sindicato del subte, que se ha pasado al campo del gobierno, incluso favoreciendo que el macrismo pasara a controlar el sistema subterráneo. El Frente de Izquierda, con su acción, ayuda a desarrollar esta diferenciación política, que es necesaria para la unión del movimiento obrero y del movimiento político realmente socialista.

Por su parte, Charly Pérez, dirigente histórico de los luchadores del subte y candidato del Frente de Izquierda a diputado por la provincia de Buenos Aires, destacó la lucha sistemática en el subte contra la domesticación sindical y subordinación al Estado que caracterizan a la conducción kichnerista del sindicato. Y la oportunidad de la campaña electoral para abrir el debate y reagrupar en el seno del numeroso activismo y trabajadores jóvenes del subte.

Los trabajadores presentes manifestaron diversas inquietudes. Se destacó, entre ellas, la que expresaba desconfianza en la participación en los procesos electorales, e incluso en las llamadas ‘promesas’ de los candidatos. Altamira expresaría, luego del asado, que estos recelos constituyen una expresión, entre muchas otras, de la insuficiencia del arraigo de la izquierda en el movimiento obrero, en cuanto corriente política. Esta consideración ayuda a entender la respuesta que ofreció en el momento: sin la unión de la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero -sobre la base de la experiencia común, por supuesto, pero muy especialmente por medio de la propaganda y la agitación, el movimiento obrero no podría superar la larga etapa de dominación de la burocracia sindical y del peronismo. La posición ‘anti-política’ aparenta una gran ‘pureza’, pero esquiva el desafío histórico que tiene el movimiento obrero.

Otras inquietudes se refirieron a la reforma de la Justicia, el peso de la deuda externa en la situación del país y las perspectivas de la izquierda. A la interpelación de una trabajadora que está estudiando derecho, Jorge analizó lo que calificó como un derrumbe del derecho (burgués), que ha debido reconocer la mentira de la igualdad de la ley para depositar en los jueces la responsabilidad de aplicarla caso por caso. Con esta consideración introdujo la necesidad de que los jueces y fiscales sean electos por el pueblo.

Los comentarios de los presentes acerca del crecimiento del interés de la juventud y las amas de casa hacia el Partido Obrero, Altamira destacó que esto reforzaba el espíritu de lucha del activismo, que se siente respaldado más allá de los compañeros más cercanos y más allá de la propia empresa. Altamira propuso un comando electoral para el trabajo entre los que votan por primera vez y se ofreció a participar en reuniones de familia o camaradería, a partir de cinco personas, para discutir los planteos del Frente de Izquierda.

Con estas conclusiones, la campaña del PO y el Frente de Izquierda dio su señal de largada en las filas del subte.

Corresponsal

extraído  de Prensa Obrera N°1275