Firmaron la pauta del gobierno

Unos que sí, otros que no. Los que firmaron la pauta.

El gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, otorgó a los trabajadores del Subte un aumento salarial del 7%, retroactivo a marzo que, sumado al 20% que se otorgó en aquel momento, compone un 27% sobre el sueldo de bolsillo. Una cifra que está bastante por detrás del 35% al básico, más 2% por año de antigüedad, más 40 pesos diarios de viático, que reclamó el sindicato del Subte (AGTSyP). Pero que se ha aderezado con el blanqueo de casi la totalidad del componente en negro y con un compromiso de un aumento en los viáticos dentro de dos meses.

Se puede decir que el gobierno decidió conceder un par de puntos por encima del techo que dispuso Moyano, obligado por la amenaza de paro, en el marco de la tendencia a la reapertura de las paritarias manifestada por varios gremios y de la crisis política –conflicto por el 82% móvil a las jubilaciones, Papel Prensa, huelgas educativas– donde se hacía imperativo impedir la entrada en la escena de una huelga del subte. Pocas horas antes del discurso de Cristina K, se anunciaba por TV el levantamiento del paro.

El gobierno montó la escenificación de una “paritaria”, sentando a la misma mesa a la empresa Metrovías con el nuevo sindicato y sin la UTA. Fue una escenificación, porque la UTA ya había firmado esa pauta fijada por la Secretaría de Transporte y sus deletruchos distribuían las planillas con las escalas salariales en las líneas, mientras los delegados de la AGTSyP estaban reunidos en el Ministerio.

¿Que el acta crea un antecedente? Ok, pero cuándo pasamos a actuar?

En el acta, que los delegados de la Línea B y de talleres CAF se negaron a firmar, se plantea que la representación obrera acepta la propuesta “ad referéndum” de los trabajadores. No de la asamblea de los afiliados. Una fórmula lo suficientemente imprecisa como para dar lugar a que en algunos sectores se hagan asambleas, en otros consultas y en otros nada, o un simple informe en algunos turnos a cargo de los delegados. Buscar el referéndum de los trabajadores hubiera implicado que el cuerpo de delegados se reuniera y pasara a organizar asambleas en regla en todos los turnos de todos los sectores, garantizando la expresión de las posiciones a favor y en contra. No fue así, la mayoría de la delegación negociadora aceptó y firmó antes de cualquier consulta y en el marco de haber levantado, dos días antes, el plan de lucha por la TV y manifestando que las negociaciones eran más que satisfactorias. Esa fue la razón por la que los delegados mencionados no firmaron el acta, hecho que dio lugar a que se hiciera “desaparecer” su posición del documento.

Se condicionó así el debate –desorganizado e informal– que se produjo posteriormente en las líneas. Un sentimiento de “hecho consumado”, de “ ya está cocinado”, restó espíritu crítico a las reuniones. Con todo, sectores como tráfico de la Línea B y el taller San José rechazaron el acuerdo y el método. En la Línea C se aprobó. El taller Rancagua marchaba a un debate y otros más no se habían pronunciado aún.

El punto que está en debate es por qué el sindicato del subte, con un mandato de 35% de aumento, levanta un paro votado y corre a aceptar la pauta, inferior, fijada por el gobierno y ya firmada por la burocracia de la UTA sin “disparar un solo tiro”, como lo expresó un delegado. Por qué no se garantizó un buen debate asambleario en la base?, que en cualquier caso hubiera dado fuerza y legitimidad al planteo que fuere y hubiera galvanizado a la organización obrera y dado autoridad al sindicato de los trabajadores.

Lo que se trata de imponer es una metodología de subordinación a los dictados del gobierno –que son los de la patronal– y de coexistencia con la patota de la UTA, en detrimento de la independencia política y la democracia asamblearia que caracterizaron quince años de construcción política y gremial en el subte. La nueva metodología está inspirada en la política de “paz social” y subordinación al gobierno impuesta, desde hace poco menos de un año, por los funcionarios kirchneristas y la fracción Yasky de la CTA.

Está planteado profundizar el debate sobre el curso de acción del sindicato, la agenda salarial pendiente, que se reabre en 60 días; el resto de las reivindicaciones como ascensos e ingresos. También la revisión de la cuestionada decisión del ingreso compulsivo a la CTA por la vía de la fracción yaskista.

CdS