Cuadro de situación
A partir de 2008, en consonancia con el desencadenamiento de la crisis capitalista, FT lanzó una ofensiva despiadada para lograr el retiro anticipado de miles de trabajadores. Forzó, en estos últimos tres años, a cambiar de lugar de trabajo a 10.000 dependientes, con des-localizaciones obligatorias y cambio de tareas, asignando incluso personal técnico a oficinas de ventas y centros de llamadas. Son variantes de un régimen de flexibilidad laboral que tiene matriz inglesa (el programa Orange) y que tiene por fundamento, según un periodista especializado en relaciones laborales: “destruir sistemáticamente todo trabajo colectivo que pudiera representar un obstáculo al ascenso del individualismo” (Página/12, 20/9). “Nos han establecido objetivos imposibles de alcanzar, cambiando la gente de los puestos bruscamente, bajo el pretexto de que si seguimos largo tiempo en una posición, uno no es eficaz”, denuncia una trabajadora (Clarín, 15/9).
La perversidad del régimen es escalofriante: de un día para otro un trabajador es enviado a cubrir un puesto a 50 ó 100 kilómetros, ningún responsable intermedio permanece en el puesto más de tres años –una consigna tomada del ejército e inspirada en evitar que los jefes se encariñen con sus empleados y puedan ser una traba a las sucesivas “modernizaciones”. Rige la consigna “una llamada, una venta”, y exige, a la vez, la destrucción sistemática de todo núcleo sindical. FT justifica este orden dictatorial en la gigantesca batalla comercial que la enfrenta a otros pulpos y en la mutación tecnológica en el terreno de las comunicaciones. Lo que viene a decir es que los otros pulpos hacen lo mismo que ella.
France Telecom es sólo la punta de un iceberg que sube implacablemente a la superficie como consecuencia de la bancarrota capitalista. El 29 de enero de este año hubo en Francia manifestaciones obreras con más de 2,5 millones de personas. Fue encabezada por una serie de consignas ambiguas, suscriptas por las ocho centrales sindicales. Asimismo, tuvieron lugar paros generales con movilización el 29 de enero, el 19 de marzo, el 1º de Mayo... Esta serie de paros y movilizaciones fueron concebidos para descomprimir una situación de deliberación política profunda en todas las capas sociales explotadas y oprimidas frente a la ofensiva capitalista.
En Francia, Inglaterra y España, como en otros países, la ofensiva capitalista significó, antes que nada, el despido masivo de transitorios y precarios, pero comienza a golpear a una franja del proletariado estable y amenaza con el cierre de grandes empresas (en especial sucursales de las automotrices). A la vez, se ha puesto en discusión profundos cambios en la legislación laboral de la Unión Europea. A mediados de 2008, los ministros de empleo de la Unión aprobaron la nueva directiva de tiempo de trabajo, que hubiera permitido ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales, con el visto bueno del Reino Unido, Francia e Italia. La norma fue rechazada por el Parlamento Europeo a fines de ese año, pero la decisión no cerró la cuestión porque “Gran Bretaña y otros países, en especial los ex comunistas, anunciaron que persistirán en su iniciativa” (entre estos “otros” países se encuentran, de nuevo, Francia e Italia) (Clarín, 18/12/08). En julio de 2009, “la posibilidad de trabajar los domingos en las zonas turísticas está creando un debate fenomenal en el país, cuando los diputados franceses vuelven a examinar la ley sobre el trabajo dominical” (Clarín, 9/7).
Otro motivo de deliberación es la aplicación de la Directiva Bolkestein, que establece el Principio del País de Origen (PPO), lo que permite a una empresa ofrecer un servicio en un país diferente al suyo bajo el amparo de las leyes del país donde tiene su sede(1).
En los días subsiguientes a la huelga del 29 de enero, estallaron paros en dos plantas de Renault contra la supresión de la prima de participación obrera en las ganancias; en Guadalupe y Martinico se produjo la extraordinaria huelga general. La huelga en estos territorios fue dirigida por la coalición LKP -“Rebelémonos contra la explotación”, que unió a 49 sindicatos y organizaciones sociales y levantó un programa de 132 reivindicaciones encabezado por 450 euros del salario básico. Arrancó 200 euros de aumento y la rebaja de un 20 % de un centenar de productos de primera necesidad.
En Francia se propagaron las huelgas, ocupaciones de plantas, movilizaciones, bloqueo de rutas y toma de rehenes. Este último aspecto fue destacado con temor por la prensa mundial, porque es un termómetro del caldeado ánimo de las masas.
Hay una participación creciente de obreros industriales en las huelgas generales. En los conflictos de fábrica más importantes y duraderos (Continental y Lear, como ejemplos) se ha votado la elección de comités de huelga. En cuanto al programa, en el caso de la fábrica Caterpillar, los trabajadores enfrentaron una “racionalización” capitalista que significaba despedir 733 obreros de un total de 2.500 en toda Francia con la exigencia del reparto de las horas de trabajo. “Hemos propuesto pasar a 32 horas, pero la dirección no ha querido saber nada”, dio a conocer uno de sus dirigentes. En cuanto a la elección de los comités de huelga se trata de una reacción frente al sabotaje de las direcciones sindicales. Cada planta decide por su cuenta y las “jornadas nacionales de movilización” canalizan la tensión y le dan respiro a la ofensiva.
Otro componente de enorme peso es la intervención de la juventud estudiantil y de los barrios. Las universidades se ocuparon, en Francia, a favor de la huelga de los docentes e investigadores, que duró más de dos meses. “Desde un punto de vista global, nuestro mercado es tan flexible como el de los Estados Unidos o el Reino Unido. El problema del mercado francés se debe a que sólo un 15% de las personas está en la franja de los contratos precarios” (declaraciones de un empresario en www.usinenouvelle.com.ar).
En Inglaterra, a fines de mayo, estalló una huelga en la refinería Total de Lindsey. Allí, una unidad de desulfuración fue subcontratada a una empresa siciliana, Irem, que reemplazó la mano de obra británica por 200 trabajadores italianos y portugueses no sindicalizados. Los obreros ingleses, sospechando que se habían violado las normas sobre salario y condiciones de trabajo, fueron a una huelga caracterizada de inmediato como salvaje porque no tuvo el apoyo del sindicato oficial. Aunque los medios y el gobierno lanzaron una campaña contra las huelgas chauvinistas, se paralizaron veinte centrales y refinerías en todo el país. Los huelguistas enfrentaron la legislación laboral, adoptada bajo Margaret Thatcher y sostenida por el Nuevo Laborismo, que prohíbe y castiga las huelgas de solidaridad. Aunque las pancartas decían “empleos británicos para trabajadores británicos”, ese slogan nunca formó parte de las reivindicaciones del comité de huelga electo que, por el contrario, exigían las mismas reglas para todos los asalariados cualquiera fuese su nacionalidad. La consigna nacionalista fue dejando el lugar a otra: “trabajadores de todos los países, unámonos”. Finalmente, el movimiento de la refinería de Lindsey terminó el 4 de febrero con un acuerdo que estableció la creación de 101 puestos suplementarios, fuera de los otorgados a portugueses e italianos, y el reconocimiento del derecho de los sindicatos a controlar las condiciones laborales y remunerativas de unos y otros (“La mentira de las huelgas racistas en Gran Bretaña”, Le Monde Diplomatique 165, julio de 2009).
En España, la crisis capitalista se abate sobre los trabajadores en forma concentrada y está en desarrollo una crisis política general. Existe un ascenso vertiginoso de la desocupación, con un millón de parados en un país que ha pasado a encabezar rápidamente el ranking de desocupación en toda Europa (18,5% y proyección de 20 hacia el fin del año). El acuerdo de negociación colectiva, centrado en el salario, no se ha renovado por primera vez en seis años. Los sindicatos reclaman un aumento del 2% y la central empresaria considera que deben subir entre el 0 y el 1%, sujetos a otras concesiones de los trabajadores. La central empresaria está lanzada a una agresiva política de guerra social, planteando una reforma laboral que incluya el abaratamiento del despido (en España se paga 45 días por año trabajado al empleado efectivo al que se despide y la patronal reclama bajarlo a 16). El millón de desocupados ha agotado el seguro de desempleo y el gobierno ha lanzado un seguro de 420 euros por seis meses para desocupados que tengan ingresos inferiores al 75% del salario mínimo, previendo llegar a sólo 600.000 desocupados de una cifra que se estima mucho mayor. La ofensiva de las patronales apunta, además de la rebaja de las indemnizaciones, al congelamiento salarial 2009-2010. El movimiento obrero no atina a responder a los furiosos golpes que asestan los capitalistas: las huelgas en el primer período del año han llegado a su nivel más bajo en cinco años.
(1). “Un ejemplo palpable de la aplicación del PPO sucedió en la ciudad sueca de Vaxholm, donde una empresa letona ganó un concurso de construcción y se consideró libre para aplicar a sus trabajadores el salario letón” (www.nmadnews.wordpress.com).
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