El anuncio de la apertura de
molinetes por parte de la directiva del sindicato del subte, para reanudar la
discusión paritaria, quedó anulado enseguida, a raíz de la convocatoria a una
reunión por parte de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. La dirección
sindical se conforma con un reconocimiento ‘de facto’ de las autoridades de la
Ciudad y deja de lado la exigencia de reconocimiento sindical por parte del
Ministerio de Trabajo de la Nación. Es lo que le impone su supeditación al
gobierno K, que le niega este reconocimiento para seguir aliado a la burocracia
de UTA, que monopoliza la representación legal. Es probable que la dirección de
la AGTSyP sea presionada por parte del gobierno para llegar a un acuerdo con
Macri y así despegar al subte de la huelga del 20 de noviembre próximo, la que
es convocada por Moyano y Micheli. Se comenta, asimismo, que los K y Macri
estarían a punto de llegar a un acuerdo de carácter global, donde quedaría
incluido la cesión del servicio subterráneo. Sería un acuerdo de reparto de los
negocios inmobiliarios en la Ciudad y un aval nacional al endeudamiento de la
Ciudad en los mercados nacionales e internacionales. Otra parte del acuerdo
contempla un tarifazo en el transporte, aumentos de impuestos y ajuste a los
trabajadores. Entre ellos, grandes emprendimientos inmobiliarios que requieren
de acuerdos de ambas jurisdicciones, donde entra la zonificación para la
prolongación de Puerto Madero a la costanera sur, el soterramiento del
Sarmiento o el Centro Cívico en Barracas.
El traspaso del subte al ámbito del gobierno porteño no tiene nada de
progresista. Para aceptarlo, Macri está diseñando un programa de financiamiento
por medio de nuevos impuestos a combustibles y peajes, así como un nuevo
aumento del pasaje, el cual pretende que converja con aumentos similares de
colectivos en la zona metropolitana. Reclama, además, avales de Nación para
endeudarse con organismos internacionales por 1.000 millones de dólares para la
renovación del servicio. Este traspaso viene, entonces, con una exacción del
bolsillo popular y, como no puede ser de otra manera, con flexibilización y
disciplinamiento del personal. Sobre la gerenciadora parasitaria de Roggio, que
se la viene “llevando en pala” desde hace 18 años, ni una palabra de ninguno de
los dos gobiernos. Metrovías no sólo ha desmentido que pensara dejar la
concesión, sino que ha empezado a tomar medidas de ajuste laboral, como control
de horarios, rendimientos y control del servicio médico. Una política que ya
produjo reacciones en los talleres de material rodante, que obligaron a
levantar sanciones y elaboran todo un programa de condiciones de trabajo y
mantenimiento de seguridad. La tropa de Macri votó a favor de la ley negrera de
ART, creación de Cristina. ¿Cuál es el interés de que el subte pase a la jurisdicción
de un gobierno que, durante la huelga larga, embistió con todo lo que tuvo a
mano contra los huelguistas: campaña en los medios, denuncias penales, multas a
la AGTSyP?
A pesar, entonces, de que no se puede encontrar una sola ventaja para los
trabajadores en el traspaso a manos de Macri, Pianelli y la directiva de la
AGTSyP que él encabeza insisten en su campaña para que Macri se haga cargo. Se
reúne con legisladores porteños para que introduzcan partidas presupuestarias
de subsidio al subte (que cobrarán Macri y Roggio), las que, obviamente,
pagarán los contribuyentes.
Promovemos la movilización masiva de la AGTSyP contra el ajuste y el tarifazo,
por paritarias libres y la personería para el único sindicato representativo.
Impulsamos a favor de una gran movilización a las puertas del gobierno porteño
y a la Plaza de Mayo. Que se abran e investiguen las cuentas de Metrovías y que
se confisque su patrimonio. Control obrero del subterráneo.
Sergio Villamil
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