Definamos el programa obrero
Según algunos, Macri decidió tomar el subte a su
cargo para evitar el desgaste político causado por esta crisis, con vistas a
las elecciones de 2015. En cualquier caso, la factura del traspaso será
transferida a la población de la Ciudad y a los trabajadores del subte. La
clave del proyecto que enviaría a la Legislatura esta semana gira alrededor del
financiamiento del déficit operativo, que totalizó 720 millones de pesos el año
pasado y fue cubierto por subsidios de la Nación. Los mismos que fueron
reducidos este año a la mitad y que dejarán de aportarse el 31 de diciembre.
Según el macrismo, los recursos necesarios para 2013
ascenderían a 1.200 millones de pesos, incluido un aumento salarial del 25% y
200 millones de pesos para financiar una cobertura de seguridad en estaciones
por la Policía Metropolitana. La mitad de estos aportes serían recaudados con
impuestos al consumo de combustibles, con una tasa sobre los peajes y con la
reasignación de recursos para obras públicas. El resto provendría de un
reajuste del pasaje que, en forma escalonada, llegaría a cuatro pesos. En este
punto, los del PRO quieren acordar con los kirchneristas un aumento simultáneo
del boleto de los colectivos metropolitanos, que amortigüe la caída de
pasajeros del subte. Un tarifazo en regla.
No terminan allí las preocupaciones macristas, ya que
la renovación de trenes y la terminación de instalaciones para inaugurar
estaciones ya construidas tienen un costo estimado de 1.000 millones de
dólares. En vistas de ello, el alcalde solicita avales de la Nación para
endeudar a la Ciudad con organismos internacionales de crédito. Con eso podría
contrarrestar parcialmente, especulan, el incumplimiento de promesas
electorales sobre extensión de las redes.
Llamó la atención de los medios que el
ultra-privatista Rodríguez Larreta no haya descartado la posibilidad de
proceder a una estatización del servicio. Sería una especie de “plan B”, en
caso de que fracasara una renegociación del contrato con el actual
concesionario, que está en manos de Benito Roggio, un grupo de excelentes
relaciones con el kirchnerismo. En cualquier caso se trata de un reconocimiento
del intolerable despilfarro de recursos que significó la intermediación de
Roggio, que desvió subsidios públicos durante 18 años, mediante todo tipo de
fraudes. Ni a macristas ni a kirchneristas se les pasa por la cabeza la idea
sensata de investigar esos negociados y el destino de los fondos, a fin de
establecer responsabilidades, resarcimientos y acciones punitivas. Si esta
estatización de la que hablábamos llegara a darse sería sólo un paso intermedio
hacia una nueva reprivatización, pero con el agravante de que el trabajo sucio
del tarifazo y del saneamiento del subte lo habría hecho el “Estado”. El
ingeniero aplicaría la fórmula kirchnerista de justificar el “tarifazo” como un
beneficio al Estado y presentaría la conquista de los trabajadores -en
especial, la jornada de seis horas, por insalubridad- como un “privilegio de un
sector, que pagamos todos”. En esa dirección Macri adelantó que va a ser “muy
exigente” con los gremios del sector. Podría servirse de un argumento “nacional
y popular” -la salida de Roggio- para meter el disciplinamiento y la
flexibilización laboral.
Como se ve, el proyecto del alcalde sería un plan
integral de ajuste, basado en tarifazo, aumento de impuestos a los
contribuyentes, endeudamiento y apriete de tuercas a los trabajadores. En
todo caso, este paquete de medidas antipopulares no ha conmovido a la directiva
kirchnerista del sindicato del subte que, empeñada en su campaña para “que
Macri se haga cargo”, aparece totalmente adaptada a este traspaso. Difundió un
comunicado donde dice recibir “con agrado” la noticia; ha iniciado una ronda de
visitas a legisladores y a funcionarios macristas, y dejó trascender que
compartiría una reasignación de recursos del presupuesto para que se financie
la operación del subte.
El kirchnerismo y el macrismo se han puesto de acuerdo
en entretener al sindicato de los “metrodelegados” en negociaciones sin valor
en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, haciéndole creer que se negocia una
paritaria, a sabiendas de que ésta sólo puede acordarse en el marco del
Ministerio de Trabajo de la Nación y que supone, para habilitar la
participación del sindicato, el reconocimiento de su personería. El pianellismo
se presta a este juego, porque de otro modo debiera denunciar a Tomada por la
negativa a otorgar el reconocimiento del sindicato, y al conjunto del gobierno
por rechazar la negociación paritaria. Es decir: se trata de una farsa que les
sirve a todos para zafar de sus contradicciones.
La consistencia del acuerdo entre los gobiernos de la
Nación y de la Ciudad deberá pasar la prueba ácida de la Legislatura. Macri,
hábil, mandó un proyecto de ley para asociar al kirchnerismo al ajuste
antipopular. Cuenta a favor con que el traspaso del subte forma parte de un
paquete más vasto, que incluye la entrega de las tierras públicas de la Ciudad
al capital inmobiliario. En su versión derechista Macri dice entender el
mensaje del 8N, buscando “acuerdos” que le permitan llevar al kirchnerismo a un
terreno de impuestazos y de ajustes.
La Agrupación Trabajadores de Metrovías y el Partido
Obrero del subte vienen realizando una campaña en favor de rechazar todo el
contenido reaccionario de este ajuste macro kirchnerista y de que los
trabajadores del subte se movilicen por un programa obrero ante el traspaso. No
al aumento del pasaje, no al impuestazo, fuera Roggio, que se abran y que se
investiguen sus cuentas para verificar los costos reales y el destino de los
fondos, que se incaute preventivamente su patrimonio; fondo de inversión para
el subte en base a impuestos gravosos al gran capital, gestión obrera,
paritaria libre, personería ahora para la AGTSyP.
Sergio
Villamil
Nota extraida de Prensa Obrera N°1249
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