El
proyecto de ley de traspaso del macrismo viene con un ajuste bajo el brazo, tal
como era el propósito de los K. Contempla aumentos en los peajes, los
combustibles y las patentes, sin excluir -para nada- un nuevo aumento de la
tarifa. “Son 40 centavos por litro de nafta especial, 30 centavos por litro en
el resto de las naftas y 20 centavos para gasoil” (dijo Vidal a Página/12) y un
10% en patentes automotores. Un impuestazo generalizado. El aumento del pasaje
llegaría, en varias etapas, a 4 pesos.
Este plato
fuerte viene con mucha pimienta, pues la ley declararía “esencial” el servicio
del subte, para obligarlo a prestar servicios mínimos de emergencia en caso de
conflictos sindicales (una frecuencia mínima del 90% en horas pico y 60% en
horario normal). También prevé una reducción de personal y una extensión de la
jornada para ciertas funciones (legislador macrista Ocampo).
Semejante
ofensiva antiobrera ha descolocado a la conducción ultrakirchnerista del
sindicato del subte, que hizo una campaña de meses para “que Macri se haga
cargo”.
La base
del sindicato ha leído todo esto en los diarios, pero desconoce qué está
haciendo la directiva. Según el portal Minuto Uno, el secretario general
Pianelli adelantó que “los metrodelegados no se opondrán a los aumentos de
impuestos para financiar el subte, siempre y cuando precisen para qué se van a
usar los fondos”. No hay siquiera una referencia a las ganancias de Metrovías,
cuyos ingresos se multiplican como consecuencia de la explotación que realiza
de distintos servicios comerciales y publicitarios, o incluso por el uso de las
instalaciones para la conexión inalámbrica. Las reuniones que tienen lugar en
la Subsecretaría de Trabajo porteña se han limitado a generalizar un plus
salarial que, en ocasión de la huelga de diez días, se liquidó sólo a los
carneros.
El tema
de la personería gremial del sindicato no es menor, ya que habilita a la firma
de convenios y escalas salariales. Carlos Tomada viene prometiendo, desde hace
un año, una compulsa que determine el ámbito de cada sindicato -AGTSyA y UTA.
Las versiones de que tendría lugar en febrero (una fecha extraña) no han sido
confirmadas.
El
traspaso macrista plantea un tarifazo para la población (de la Capital y el
conurbano) y es la antesala al aumento del transporte metropolitano. El paquete
legislativo del traspaso, que requiere el acuerdo K para recibir sanción,
incluye una liquidación de importantes derechos y conquistas obreras.
Lo
único que cabe es salir a enfrentar esta ofensiva con la más amplia
movilización popular. La atadura de la directiva del sindicato al kirchnerismo
es el principal freno para el éxito de esta lucha.
Sergio
Villamil
Articulo Extraído de Prensa Obrera N°1250
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